«Se aplicó un terrorismo judicial», dice abogado de supuesto cabecilla en caso Pandora sobre prisión preventiva

Siete de los 10 oficiales implicados en el caso Pandora guardarán prisión preventiva por 18 meses, la decisión es rechazada por los defensores legales que entienden «no hay justificación para esa condena temporal».

«Se ha impuesto terrorismo judicial en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.. este es un caso complejo, se vence a los 8 meses, habrá revisión en febrero», dijo Vinicio Aquino defensor legal del coronel  Narciso Antonio Féliz, exencargado de la custodia de armas.

Adelantó que recurrirán a la apelación de la decisión en el mes de febrero ante el tribunal correspondiente.

Mientras que la civil implicado en el entramado recibió cárcel domiciliaria y otros dos militares garantía económica.

Ministerio Público.

De su lado, el órgano acusador mostró «plena satisfacción » con las medidas colocadas a los imputados en la supuesta red que sustrajo cerca de 908 mil pertrechos militares de la Policía Nacional.

«Lo primero es que estamos satisfechos, con la decisión del tribunal y la forma en que la corte ha valorado la gravedad de los hechos, se impuso prisión preventiva a siete, a una prisión domiciliaria por solicitud del Ministerio Público, a uno se le impuso una garantía económica de 3 millones de pesos, que es Víctor Santos y de 2 millones a Ángel Gómez», expresó Wilson Camacho director del PEPCA.

Reiteró que los agentes d vinculados en el caso «traicionar su uniforme, su institución y al país».

Acusación

La Operación Pandora, que llevó a la detención de los imputados, fue ejecutada en octubre, luego de una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional. En ella participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales, quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.

Entre los imputados en el caso se encuentran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría realizada en febrero; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L, vinculada a este último, entre otros.

El Ministerio Público destacó que el capitán Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, fue clave en la manipulación de la auditoría de febrero y se asoció con los líderes de la red criminal para alterar nuevamente los números, lo cual fue detectado por los investigadores.

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